Núria Lambea Llop
Articulo Publicado en Diari de Tarragona, 12 de julio de 2020
La pandemia de la COVID-19 ha vuelto a poner de relieve la especial vulnerabilidad que sufre el colectivo de personas sin hogar y personas en riesgo de exclusión residencial. Las medidas impuestas de confinamiento, de distanciamiento social y la necesidad de una mayor higiene, nos han hecho apreciar la estrecha relación existente entre el derecho a la salud y el derecho a una vivienda digna y adecuada, asequible y sostenible.
El colectivo al que nos referimos va mucho más allá de las personas “sintecho” que pernoctan en la calle o en albergues o refugios. Así, a pesar de que los últimos datos del INE contabilizan 22.938 personas sin hogar atendidas en 2012 en centros asistenciales de alojamiento y restauración, el VIII Informe de la Fundación Foessa (2019) estima en más de 4,5 millones las personas que se encuentran en una situación de vivienda inadecuada y en más de 2 millones las que residen en viviendas inseguras en España. Así pues, las personas sintecho, especialmente vulnerables y expuestas, personas que duermen al raso, en la calle o en albergues que les permiten pernoctar una o pocas noches, solo son la punta del iceberg de una problemática extendida a nivel internacional y con unas dimensiones mucho mayores. Personas sin vivienda (viviendo en refugios o centros especializados, saliendo de centros sanitarios o penitenciales, jóvenes extutelados, etc.), con una vivienda insegura (compartir piso de manera forzada, a pesar de ser amigos, conocidos o incluso familia, personas en riesgo de perder la vivienda por impago de alquiler o hipoteca o con tenencias de vivienda precarias, etc.) o una vivienda inadecuada (chabolas, viviendas en estado ruinoso o con falta de suministros básicos, vivir en condiciones de hacinamiento, etc.) completan este fenómeno. Los dos últimos casos son claros ejemplos de sinhogarismo oculto. Muchas de estas situaciones son fruto del hasta ahora (está por ver qué sucederá después de esta crisis sanitaria) proceso mundial imparable de crecimiento urbano, acompañado de un contexto de desempleo (que se ha agraviado actualmente) y de precariedad laboral, así como una falta de política de cohesión territorial.
Más allá de todas las consecuencias negativas que ha acarreado esta crisis sanitaria mundial para nuestra sociedad, muy especialmente las decenas de miles de fallecidos, también nos ha permitido percibir cómo Administraciones públicas y entidades del tercer sector se han unido para ofrecer alojamiento, higiene, alimentación, atención personal, etc. al colectivo sin hogar, poniendo a disposición albergues y pabellones u otras instalaciones. Muchos de los profesionales lo valoran como un gran trabajo y esfuerzo colectivo, y también como una experiencia positiva, puesto que ha permitido un trato directo y constante con estas personas. Asimismo, en muchos casos se han organizado actividades formativas, lúdicas, de atención social, sociosanitaria o de inserción laboral.
Lo que cabrá ver es si todas estas medidas tomadas serán meramente coyunturales y desaparecerán cuando finalice esta crisis (como el desmantelamiento de algunos pabellones) o si servirán como punto de inflexión para replantear los recursos y servicios que este colectivo vulnerable necesita. Todo ello sin dejar atrás todas las medidas estructurales que seguimos necesitando, como el aumento del parque de vivienda social en alquiler, la ampliación de las formas de acceder a una vivienda o la rehabilitación de viviendas, entre otras.
No tener hogar implica no disponer de una vivienda digna, adecuada y segura donde desarrollar plenamente la dimensión personal, familiar y social de cada uno; implica no poder ejercer otros derechos fundamentales, como la intimidad, la libertad y el libre desarrollo de la personalidad. El sinhogarismo es una evidencia visible del fracaso de las políticas de vivienda y de otras políticas sociales, y debemos hacerle frente con todos los instrumentos posibles.